CONFERENCIA PARA EL I CONGRESO INTERNACIONAL LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA EN AMÉRICA LATINA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA – PEREZ ZELEDÓN – 18 DE AGOSTO DE 2016
1.
Lucha de clases
En todo el mundo se está exigiendo el aumento de tributos,
la reducción del pago de pensiones a los ancianos, la ampliación de la edad
para la concesión de jubilaciones, la reducción de gastos sociales, el congelamiento
de salarios, privatizaciones etc.
Es la imposición de las fuerzas hegemónicas, lideradas
por los banqueros, contra todas las formas de organización de trabajo.
Hoy en día, esta imposición alcanza lo que restó de
los segmentos empresariales, como comerciantes, industriales y prestadores de servicios,
que resisten para mantener sus actividades económicas fuera del control directo
o indirecto de los bancos.
En el actual contexto histórico, el concepto de lucha
de clases se hace más evidente que nunca, ya que la explotación del trabajo
está más contundente que en los siglos XIX y XX, cuando todos los indicadores económicos
y sociales revelan una concentración de renta tan brutal que posibilita que “el
pasado devore al presente”. (Thomas Piketty, 2014)
De lo alto de su superioridad, los ricos explotan
todos los recursos de la madre tierra en una codicia casi desmedida. A fin de mantener
este proceso exploratorio, es necesario desviar la mirada de la sociedad. Para eso,
implantan un estado de miedo y de tensión que provoca la impresión de que el
desorden social es causado por los pobres y miserables, y no por ellos y su extravagante
modo de vida.
En ese escenario de violencia dirigida a los pobres, la
clase hegemónica rica propone, por todos los rincones, la ampliación de la
construcción de penitenciarias. La sociedad, amedrentada, no lo gradarse cuenta
de que el aumento de las penas de restricción de libertad y la disminución de la
edad penal tiene como finalidad mantener abastecido el lucrativo sistema carcelario,
en que los individuos probablemente quedarán más tempo detenidos.
Sin embargo, como las personas no comprenden lo que
pasa, se enfrentan unos contra otros, en un proceso de “naturalización” de
explotación (Slavoj Zizek,
2009).
Los trabajadores están siendo masificados por la
prensa tradicional, hasta que se ven reducidos a la ausencia de conciencia
crítica y temerosos del concepto de lucha de clases, por no entender que están
siendo explotados diariamente, a favor de una pequeña minoría rica (Jessé Souza, 2015).
Así, gran parte de la intelectualidad ha contribuido
con esto, al permitir pasivamente la introducción del concepto de segmentos sociales,
que sirve más para dividir que para mantener el estado de tensión necesario
para la lucha política. (Ellen Wood,
2013)
La segmentación de la sociedad [aclarada por Gramsci (2015), a partir del análisis del americanismo y fordismo] proporciona
la división de la clase social explotada y le quita la noción de lucha de clases,
amedida que cada uno empieza a pensar apenas en sí mismo y en sus intereses
individuales.
Lo que hemos visto es que las
necesidades humanas no han sido atendidas en ningún lugar, lo que ocasiona un cuadro
general de infelicidad [como fue anticipado por Freud (2014), al inicio del
siglo XX].
Este panorama propicia la restauración de regímenes nefastos
en la Historia, que, con el falso discurso de moralizar una sociedad entera,
extinguieron millones de vidas de hombres, mujeres, ancianos y niños, de las
más variadas razas, orígenes y credos religiosos y/o ideológicos.
En Brasil, desde las manifestaciones de calle, en
2013, la prensa conservadora trabaja en la construcción de lo que Ortega y Gasset (s.d) denomina “hombre masa” (un sujeto “vacío
de su propia historia, sin entrañas del pasado y, por eso, dócil a las
disciplinas internacionales”).
En estos eventos populares se ha cuestionado mucho el
efecto moral de la corrupción, aunque sin apuntar con eficacia sus verdaderas
causas. Gran parte de los manifestantes deposita ciegamente toda su esperanza,
en un país mejor y más justo, en manos de la burocracia, particularmente de la
Judicial.
En realidad, al contrario de lo que afirman, muchos son
partidarios, ya que atienden a llamados de grupos organizados por Internet, con
denominación y liderazgo, lo que es propio de facciones y partidos. Lo
preocupante es que estos grupos defienden ideas de segregación, xenofobia,
racismo y prejuicio de cualquier tipo, como ideológico por ser de izquierda,
por tener admiración por los estudios de Karl Marx o incluso porque a una
persona le gusta el color rojo.
La masa, en su ignorancia completa de su propia historia
(Ortega y Gasset, s.d), cree que el Poder
Judicial (el único poder de origen feudal y aristocrático) podrá limpiar con
sus “manos” todos los males de un país, que, al contrario de lo que propaga la
prensa tradicional, finalmente avanzó
en el campo social y económico, incluso delante de la brutal crisis
mundial del capitalismo, que está en curso desde el 2008.
En este punto, durante el siglo XX, los
grandes ataques a las instituciones liberales y a las garantías democráticas
constitucionales partieron de los movimientos de derecha con “miedo de la
revolución social”, como registra Hobsbawm (1991) y también Giorgio Agamben (2010), en Estado de Excepción.
Por lo tanto, delante de la
creciente desigualdad social, entendemos, como Doménico Losurdo (2015), que la lucha de clases está cada vez más
persistente, haciendo con que sean diseminados, en la sociedad, sentimientos de
segregación y odio.
Estos conceptos, que son propios del
fascismo y de los estados de excepción, fueron retomados con más evidencia a
partir del once de septiembre de 2001 (Giorgio Agamben, 2010), en su lucha contra un supuesto
“terrorismo”, que, en el pasado, denominaban comunismo totalitario.
2.
Formación del pensamiento político brasileño
El pensamiento político brasileño fue
constituido en los márgenes históricos del patrimonialismo local, que tiene en
la figura del caudillismo y del coronelismo su base política, como demuestran los
diversos estudios desarrollados por pensadores como Maria Yeda Linhares y
Francisco Carlos Teixeira da Silva (Historia da Agricultura no Brasil, 1991),
Rui Facó (Cangaceiros e Fanáticos, 1963), Josué de Castro (Geografia da fome.
2001), Osny Duarte Pereira (Quem faz as leis no Brasil, 1963), Victor Nunes Leal (Coronelismo, enxada e voto,
2012), Raymundo Faoro (Donos do Poder, 2013), Jessé Souza (A tolice da
inteligência brasileira, 2015), entre muchos otros autores y obras que podríamos
citar para intentar explicar un pensar y actuar político que, hasta los días de
hoy, envuelve la constante explotación del pueblo y el apoderamiento del
público por el privado, en beneficio exclusivo de la parte rica de la población.
Para esto, es fundamental analizar
con profundidad el pasado para comprender el presente, ya que creemos que lo
que pasa en Brasil, actualmente, es reflejo de la intención que tienen las clases
políticas tradicionales para retomar el poder político, en asociación con el
capital internacional, que intenta desmontar la alianza entre países como Brasil,
Rusia, China, India y África del Sur, en su lucha contra los intereses
imperialistas americanos y colonialistas europeos.
Segúnla narrativa de Domingos Faustino
Sarmiento (en Facundo: o civilización y barbarie, 2010), la vasta extensión
territorial, que constituyó el latifundio, sumada al analfabetismo, fueron las bases
para la implantación, de toda América Latina, de un sistema político fundado en
el caudillismo patrimonialista, cuyos efectos se perciben hasta hoy, por medio
de gobiernos presidencialistas, siempre con la marca personal del mandatario.
Con la llegada de la Familia Real portuguesa
en 1808, el dominio de la política en Brasil era de los caudillos o caciques,
así definidos en la literatura hispanoamericana (Francisco Carlos Teixeira da
Silva, en Instituições na América do Sul, 201l).
La distancia de la Corte portuguesa y
la colonia permitía que los señores más fuertes se volvieran los dueños de la política
y de la vida de las personas que estaban en Brasil, ejerciendo un “dominio personal
y arbitrario” (Jose Murilo de Carvalho, en “Mandonismo, coronelismo,
clientelismo: uma discussión conceitual”, 1997); e nese contexto, la política es
ejercida con una fuerte naturaleza personalista y de mandonismo.
En el período en que la sede de la
metrópoli fue transferida para Brasil y con el pasar del Imperio, la familia
Real portuguesa y sus descendientes combatieron esa construcción, debelaron todas
las reacciones caudillistas y centralizaron el poder y la unidad nacional a
partir de la capital en Río de Janeiro. (Osny Duarte Pereira, en Quem faz as leis no Brasil, 1963)
La gran victoria del caudillismo en
Brasil se dio a partir de la proclamación de la república, mediante la
derrocada de los militares monárquicos que pretendían transponer la estructura
de poder unitario del Imperio hacia la República, recién implantada en bases
presidencialistas.
Incluso delante de la realidad
política de Brasil, que fue constituido como país unitario, los gobernadores
(antiguos presidentes de provincias en el Imperio) consiguieron imponer una federación,
con el objetivo de tener en sus manos el poder de la policía y la atribución de
demarcaciones locales de tierras, según aclaran Maria Yeda Linhares y Francisco
Carlos Teixeira da Silva, en Historia da Agricultura no Brasil (1981).
Además, a partir de la primera
República consiguieron imponer un presidencialismo marcado por la mística
cultural personalista, que rescataba rasgos del pasado imperial (semejante a lo
que Marx define como “retomada al punto de regreso”, en 18 Brumário de Luís
Bonaparte, 2010).
Por eso, tenemos hoy una federación
de papel, con estados y municipios quebrados, pues muchos entes federativos no
tienen como mantenerse, y están en total dependencia de la União.
De este modo, la dura crítica formulada
por Alberto Torres a Ruy Barbosa (según Fernando Henrique Cardoso, 2013), por
copiar un modelo de federación desarrollado por los americanos, para una situación
circunstancial y pragmática de las trece colonias, que nada tenía que ver con
la realidad política de un Brasil de formación unitaria política y administrativa,
tanto en la colonia como en el Imperio.
Sin embargo, el entendimiento que
prevaleció durante el proceso de consolidación de la República, influenciado
por juristas como Ruy Barbosa, fue para la constitución de una federación, lo
que benefició políticamente al coronelismo, representado por los gobernadores. (Vitor
Nunes Leal, 2012)
Todas las veces, en la historia del
país, en que se intentó, de alguna forma, romper con el coronelismo/caudillismo
y promover alguna inclusión social y la defensa del patrimonio nacional, no se
tuvo éxito. El resultado fue el suicidio de un presidente (Getúlio Vargas, en
1954) y la deposición de otro (João Goulart, en 1964), en pleno ejercicio
constitucional de su mandato.
En el último caso, el país fue lanzado
a veinti ún años de oscuridad (dictadura civil-militar de 1964-1985), con la
destitución de mandatos parlamentares, la deposición de jueces de la Suprema
Corte, la realización de innumerables prisiones ilegales, torturas y asesinatos,
como lo confirmó la Comisión Nacional de la Verdad, en su informe entregado en
diciembre de 2014. Al final, fueron
alcanzados los que inicialmente defendían la deposición del gobierno.
Y hoy no parece ser muy diferente, ya
que las oscuras fuerzas del pasado todavía se manifiestan presentes contra los
avances sociales y la extensión de alguna forma de ciudadanía para millones de brasileños,
que antes no tenían nada. Quiero decir que agentes políticos civiles que actuaron
en el antiguo régimen (1964-1985) permanecen tranquilamente en sus posiciones,
sin recibir ninguna purgación o ruptura oficial con el pasado dictatorial y
dificultan, en gran medida, las proposiciones de un país más inclusivo
socialmente. (Folena de Oliveira, 2015)
3.
Nueva República brasileña
La elección indirecta de Tancredo Neves para asumir la
Presidencia de la República, en 1985, por medio del Congreso Nacional,
representó simbólicamente el fin de la dictadura militar-civil (1964-1985).
Al ser electo, Tancredo afirmó que, a partir de aquel
momento se iniciaba una “Nueva República”, expresión que pasó a denominar el
proyecto inicial de la transición de la dictadura para el régimen democrático,
en un proceso que fue ampliamente “tutelado por los hombres del antiguo régimen”
(Francisco Carlos Teixeira da Silva, 2015), como fue resaltado, ya que no se
hizo en Brasil una justicia de transición. (Folena de Oliveira, 2015)
Este acuerdo entre el “antiguo” y el “nuevo” tuvo como
consecuencia la convocación de una constituyente, electa en 1986, que se reunió
de 1987 a 1988 y fue clausurada con la promulgación de la actual Constitución,
denominada “ciudadana” por Ulysses Guimarães (Presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente). Esto porque aseguraba y, principalmente, rescataba las
normas liberales fundamentales de los derechos individuales, sociales y del
orden democrático, e incluso tenía como marca la salvaguarda de la defensa de la
soberanía nacional, representada por el monopolio del petróleo de Petrobras.
A pesar de que, en el gobierno de Fernando Henrique
Cardoso (FHC), una parte de la constitución relativa a la defensa de la soberanía
nacional fue prácticamente demolida, imponiéndose, de forma arbitraria y sin
debate popular, el término del monopolio del petróleo de Petrobras, que hoy actúa
en el mercado como las demás empresas petrolíferas. La única excepción quedó
para el área de “Pre-sal”, descubierta en el gobierno de Lula da Silva, que
consiguió aprobar a favor de la empresa brasileña el derecho de explotación del
30% en todos los campos de aquella región.
Igualmente arbitraria fue la revisión del concepto de
empresa nacional, obra de Fernando Henrique Cardoso, que le abrió camino a la privatización
de las empresas de telecomunicaciones, o sea, de la estratégica tecnología de
información y del acceso a la red mundial de computadores. Y también en el
gobierno de FHC fue privatizada la Compañía Vale do Rio Doce, minera estatal
detentora de las mayores reservas de minerales del mundo, vendida por un valor
insignificante.
Todos esos actos fueron practicados para atender los
intereses de la doctrina de la globalización, impuesta por el “neoliberalismo” y
producto del final de la guerra fría (1990), cuyos enviados osaron expresar,
falsamente, para que todo el mundo oyera, que llegaba el “fin de la historia”.
Sin embargo, al contrario de lo que anunciaron, la Historia
no terminó y jamás terminará. El mundo se levantó contra esta farsa y, en varios
lugares, gobiernos populares llegaron al poder, a ejemplo del caso brasileño,
con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2002.
Fue la Constitución de 1988, producto de la “Nueva
República”, que permitió que Lula pudiera gobernar (con aciertos y desaciertos)
e implantar, en Brasil, una serie de políticas públicas destinadas a asegurar el
mínimo de ciudadanía para quienes, hasta entonces, nunca habían tenido nada.
Es verdad que el gobierno de Lula, para poder
administrar, tuvo que llegar a acuerdos internos con agentes del antiguo régimen
y atender los intereses del capital financiero hegemónico. Pero todo eso fue consecuencia
del convenio firmado en la constituyente de 1987/1988, que impide que cualquier
partido electo por vía democrática detenga la mayoría necesaria para gobernar
Brasil, imponiendo un presidencialismo de “coalición”.
Asi mismo es verdad que Lula y su sucesora Dilma Rousseff,
así como su partido (PT), no trabajaron duramente para realizar una verdadera
reforma política y electoral; igualmente, poco hicieron para interrumpir el abusivo
control de los medios de comunicación social, concentrado económicamente en manos
de pocos agentes privados, que hace décadas ejercen el verdadero comando de la
política, mediante la manipulación de la opinión pública.
El golpe jurídico-institucional que alejó indebidamente
al gobierno Dilma Rousseff, por la mera aceptación de la apertura del proceso
de impeachment, deja evidente el fin de la “Nueva República” y muestra el
completo desgaste del pacto político-jurídico expresado por la Constitución de
1988.
La Constitución se ha roto con el apoyo de las instituciones
políticas, como el Legislativo y el Judicial, que respaldaron la instalación de
un nuevo gobierno del entonces vice-presidente de la República, mediante la ejecución
de un plan de gobernabilidad no consentido por la soberanía popular y que
atenta directamente contra la clase trabajadora, como ya se ve por las primeras
medidas anunciadas.
La Constitución de 1988 no consiguió asegurar la
democracia y fue manipulada para ejecutar, desde mi punto de vista, el fraude jurídico del impeachment y
asegurar el distanciamiento inconstitucional del gobierno de Dilma Rousseff.
En razón de eso, el pacto
político/jurídico brasileño dejó de existir y, considerando los acontecimientos
actuales, no se encuentran más presentes las condiciones para mantener intactas
las garantías individuales, los derechos sociales y la soberanía nacional, aunque
esté previsto en la Constitución de 1988, pues, a partir de ahí, abrieron el
camino para su incumplimiento, sin ningún pudor y con chancela judicial.
4.
Operación Cóndor y la crisis política brasileña
El abogado paraguayo Martín Almada,
en diciembre de 1992, descubrió documentos secretos en una comisaría de policía
en Asunción, Paraguay, que se conocieron como los archivos de la Operación Cóndor.
Inicialmente se imaginaba que tal “operación” fuera una acción conjunta y coordinada
entre los gobiernos de las dictaduras de América del Sur, en los años setenta del
siglo XX, para intercambiar informaciones, aprisionamiento de perseguidos
políticos y enseñanza de prácticas de torturas, que contaron con el auxilio de
la agencia de “inteligencia” (espionaje) de la Central de Información Americana
(CIA).
Sin embargo, con el profundo estudio
de los archivos descubiertos, se sabe hoy que la Operación Cóndor fue una
organización creada para actuar no solo en América del Sur, sino también como fuerza
de apoyo a los gobiernos dictatoriales implantados en la región, pero fue, principalmente,
una creación de la inteligencia americana, al final de la Segunda Guerra
Mundial, a partir de 1944, para llevar adelante los proyectos imperialistas de
los Estados Unidos de América del Norte por el mundo.
Bajo el argumento de combatir el
comunismo soviético, a partir de la “guerra fría”, los servicios secretos
americanos e ingleses incorporaron agentes nazistas alemanes y fascistas
italianos para la formación de esta gran organización, que contó con el apoyo
institucional de los militares europeos en la formación de la OTAN (Organización
del Tratado Militar del Atlántico Norte).
Los agentes nazi-fascistas, que
antes luchaban contra la Unión Soviética, empezaron a combatir a los comunistas,
por medio de organizaciones secretas y paramilitares. Uno de los primeros
blancos fueron los comunistas italianos en 1951, como denunció Giulio
Andreotti, a medida en que el Partido Comunista Italiano era nacionalmente
respetado por su papel central que desempeñó junto a la resistencia contra el fascismo,
durante la Segunda Guerra.
Todas estas revelaciones han sido
comprobadas a lo largo de una intensa investigación realizada por la científica
política americana J. Patrice McSherryy (2009) están a disposición en su libro
“Los estados depredadores: La Operación Cóndor y la guerra encubierta en
América Latina”.
En el caso latinoamericano, la Operación
Cóndor fue puesta en marcha mediante una asociación entre las elites
oligárquicas, de origen caudillista y coronelista (en el caso brasileño), que
temían los avances de gobiernos y políticas populares (denominados por la derecha reaccionaria como “comunistas”
y “populistas”). Además, las referidas “elites” se alinearon a los intereses económico-financieros
norteamericanos en la región.
Como describe McSherry (2009), la
Operación Cóndor fue un instrumento utilizado para desarticular los movimientos
políticos populares denominados de izquierda (que corresponden a gobiernos
reformistas nacionalistas, como el “laborismo”, en Brasil, y el peronismo, en
Argentina). Sus agentes actuaron para garantizar los intereses de las elites
locales para mantener el poder contra la población y facilitaron el avance de
las empresas con capital de los Estados Unidos de América del Norte (EUA) sobre
la economía y en la explotación de los recursos de los países. El objetivo de esas
acciones era aumentar la esfera de influencia de los EUA sobre los países de
América del Sur, considerando la guerra fría contra la Unión Soviética, que,
por su turno, anexó varios países al este europeo.
Una de las tácticas empleadas por las
elites incorporadas en la Operación Cóndor fue manipular la prensa y la información
para establecer el estado de terror, utilizado como medio para controlar la sociedad
y mantener el poder político.
Una sociedad aterrorizada pierde a
capacidad de articulación y elige como su enemigo principal a la masa pobre. De
ahí la presencia de los “escuadrones de la muerte” durante la época de las dictaduras
en América del Sur, en acciones que se perciben aún hoy, con nitidez, en el asesinato
sistemático de jóvenes en las periferias de las ciudades latinoamericanas.
También es una extensión de la Operación
Cóndor la creación de “guetos” en las comunidades pobres latinoamericanas,
mediante la ocupación de “policías pacificadoras”, que transforman la violencia
y la crueldad aún más presente en estos locales, donde impera el estado de excepción
dentro de un débil estado de derecho, como se verifica en la Ciudad de Río de
Janeiro.
La percepción que se tiene en Brasil
en este momento es la de un nuevo intento de retomar el poder, ahora mediante
el uso de la fuerza institucional/jurídica (y no militar), operada por las
antiguas elites reaccionarias/oligárquicas, que actúan para restablecer los
intereses económicos extranjeros sobre el mercado y las riquezas de Brasil, en un
pacto de lesa-patria. Lo mismo se puede afirmar en relación a los demás países
de América Latina que se levantaron contra esta dominación política predatoria,
implantada por los norteamericanos y aún en vigor, incluso después del fin de
la “guerra fría”.
5.
Conclusión
De este modo, el objetivo de este trabajo
fue establecer una correlación entre los acontecimientos universales
relacionados a la explotación de los pueblos del mundo, que se manifiestan en la
permanente lucha de clases, y, mediante el examen de la ctual contexto político
brasileño, erigir un paradigma que posibilite a los demás países de América
Latina la comprensión de que todos nos encontramos en una situación similar,
respetadas, claro, las características particulares de cada nación soberana de
la región.
Muchas gracias a todos por su
atención
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