En Brasil, pasamos doce años en una gran fiesta. Sacamos a 40 millones de personas de la miseria absoluta, según el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, no aprovechamos ese momento para cambiar con profundidad la realidad política y social de Brasil, ya que las instituciones todavía permanecen atadas al pasado.
Hicimos pactos de gobernabilidad con la elite dominante y con los bancos y, cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde, porque perdimos el control del orden y los viejos caudillos se tomaron el poder para gobernar junto al mercado financiero internacional, que actualmente nos impone un duro castigo y limita los derechos humanos.
Me refiero a los derechos humanos en su forma más amplia, no apenas como asesinatos (que se ampliaron); sino también a los retrocesos de los derechos sociales, la base de los derechos humanos, representados por la alimentación, la vivienda y la educación que constituyen la real libertad, fundamental para garantizar el verdadero derecho natural, que es la vida.
La realidad de un golpe dentro de la democracia es muy dura. Pierden los más pobres, como los trabajadores, los campesinos, los indios, las mujeres, los negros, los ancianos, los niños.
Un país como Brasil, que jamás ha tenido una verdadera revolución, no cuenta con una estructura militar que le sirve al pueblo; por el contrario, contamos con una fuerza doctrinada para proteger a las instituciones burguesas.
Entonces, cuando los reformistas llegaron al poder, como sucedió en 2003, se deberían haber mantenido firmes para conducir el poder militar y para sostener al gobierno. No obstante, sin fuerza militar no hay como mantener el poder civil.
Esta presentación tiene como objetivo relacionar la ausencia de una investigación efectiva de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), instaurada en Brasil en el primer gobierno de Dilma Rousseff (2011-2014), al respecto de la conducta de agentes civiles que colaboraron, de forma directa e/o indirecta, en la dictadura civil-militar de 1964-1985, y la acción de estos agentes (varios de ellos actualmente acusados de corrupción y de abusos) en el golpe jurídico-institucional de 2016, que condujo al impedimiento de la presidenta Dilma Rousseff de sus funciones, sin que haya sido comprobada contra ella la práctica de ningún delito grave o violación de la Constitución, que pudiese amenazar la democracia brasileña.
Al contrario, las fuerzas oscuras del pasado (muchas de ellas descendientes de los señores dueños de esclavos en Brasil) aún están presentes en la política y actúan contra los avances sociales y la extensión de alguna forma de ciudadanía de millones de brasileños.
Según lo informado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)[1], el 27/05/2015 (cinco meses después de haberse iniciado el segundo mandato de Dilma Rousseff), Brasil habría superado el drama del hambre hasta ese momento. Para la ONU, una de las causas de superación fue el hecho de que “la renta del 20% más pobre creció tres veces más que la renta del 20% más rico”.
Sin duda, un poco de avance social en Brasil, le causó un gran malestar a una sociedad todavía acostumbrada a prácticas de discriminación y que solamente acepta privilegios dirigidos hacia algunos integrantes de la clase media y hacia los dirigentes políticos, asociados a las oligarquías tradicionales y presos al pasado de la esclavitud, formalmente abolida en 1888.
Representantes de la clase media urbana, segmentos empresariales, agro negocio y agentes políticos civiles que han colaborado con el antiguo régimen dificultaron, en gran medida, las proposiciones para un país más inclusivo socialmente. Así, sus agentes auspiciaron explícitamente el golpe de 2016, con el apoyo de las diversas marchas de gente vestida de verde-amarelo (representando los colores de la bandera de Brasil, verde y amarillo) por las calles del país.
Es posible establecer la hipótesis de que los reaccionarios del pasado actuaron en la historia reciente del país, directamente o por intermedio de sus descendientes (herederos y legatarios), al patrocinar y multiplicar su discurso moralista que se apoderó del panorama político de Brasil en los últimos años y que paralizó al país a partir de 2015 y le abrió camino al rompimiento de la democracia.
Como consecuencia de todo eso, nos deparamos con el lamentable anuncio realizado por la ONU, de que “hasta fines del año 2017, Brasil tuvo un aumento de entre 2,5 y 3,6 millones de personas viviendo en la miseria”[2] y, actualmente, en 2018, hay casi 15 millones de brasileños viviendo en la miseria extrema, con menos de 1,90 (un dólar y noventa centavos) por día, según datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Además, tenemos a más de 13 millones de desempleados y una economía estancada, sin posibles inversiones por 20 años en las áreas sociales (educación, salud, ciencia y tecnología[3]). También, se han recortado los derechos laborales, se están vendiendo las tierras del campo junto con las empresas públicas de petróleo, energía y saneamiento, y, encima, Río de Janeiro vive una intervención militar en la seguridad pública.
Por otro lado, los indios no tienen sus tierras reconocidas. Las muertes en el campo y en las ciudades aumentaron, principalmente en las periferias y favelas. Hoy no hay esperanza y podemos afirmar que los derechos humanos fueron derrocados.
Reafirmo que este es uno de los graves costos del rompimiento con la democracia en un país donde la Comisión Nacional de la Verdad podría haberlo evitado, en el sentido de que no se hubiera limitado solamente a dirigir las investigaciones contra los militares, sino que también se hubiese enfocado en las acciones de los civiles que colaboraron ampliamente con el golpe civil-militar de 1964/1985, y que continuaron actuando libremente y articulando el golpe jurídico-institucional del año 2016, en Brasil.
En el imaginario colectivo, tan solo los militares serían los culpables por los crímenes y abusos perpetrados en la dictadura. Y esta manipulación de la memoria hace con que, en el presente, las fuerzas hegemónicas del capital internacional, con apoyo de los medios de comunicación, provoque un enfrentamiento entre civiles y militares; siendo que estos últimos no configuran una fuerza con formación cultural de que el poder pertenece al pueblo, en su totalidad. En muchas ocasiones, los militares ven al pueblo como a un enemigo.
La Comisión Nacional de la Verdad limitó su trabajo a buscar la responsabilidad de los militares, que de hecho cometieron muchas atrocidades, incluso contaron con la participación directa de dictadores presidentes en el exterminio de personas, según informes de la CIA, divulgados entre el 09 y 10 de mayo del presente año. Sin embargo, este enfoque exclusivo al segmento de las fuerzas armadas constituye la manipulación de la memoria y dificulta cualquier acción política de militares nacionalistas (como por ejemplo Hugo Chávez, Juan Domingo Perón), en defensa de la soberanía popular y nacional, bajo fuerte ataque en los días de hoy.
Además, esa limitación de la memoria provoca actualmente un antagonismo entre los movimientos de izquierda y los militares, lo que solamente favorece a las oligarquías y al mercado financiero internacional, que dictan el destino del país.
La Comisión Nacional de la Verdad no convocó al expresidente de la República, a exministros de Estado, a exgobernadores, exalcaldes, parlamentarios, magistrados, promotores de justicia, abogados, periodistas y a funcionarios públicos que colaboraron con el régimen dictatorial. De este modo, los dejó impunes y libres para continuar participando e influyendo en la política y en la organización social, sin ningún veto o censura de sus actos colaboracionistas.
Por lo tanto, mucho del golpe jurídico-institucional ocurrido el 2016, en Brasil, es consecuencia de la ausencia de memoria en la sociedad, especialmente aquella relacionada a los hechos pasados entre la dictadura de 1964/1985, lo mismo aplicado a las instituciones políticas y agentes de la sociedad civil, que de alguna forma contribuyeron con la derrocada de la democracia y los derechos humanos.
Así, por la ausencia de una verdadera memoria institucional, la población del país no tuvo suficiente madurez política para entender lo que se repitió el 2016, el mismo discurso falsamente moralista, con uso de los mismos argumentos débiles utilizados durante el periodo de la “guerra fría”, para expulsar del gobierno brasileño a los supuestos “comunistas”.
[1]https://nacoesunidas.org/crescimento-da-renda-dos-20-mais-pobres-ajudou-brasil-a-sair-do-mapa-da-fome-diz-onu/Acceso el: 18 ago. 2017.
[2]https://nacoesunidas.org/numero-de-pobres-no-brasil-tera-aumento-de-no-minimo-25-milhoes-em-2017-aponta-banco-mundial/Acceso
el: 18 ago. 2017.
Comentários
Postar um comentário